Gobierno pide centrar debate sobre nuevas atribuciones de la Fiscalía en el proyecto de Inteligencia Económica
La ministra vocera sostuvo que la discusión de “cómo mejorar los instrumentos de la persecución del crimen organizado de cuello y corbata” no debe afectar la tramitación del proyecto de cumplimiento tributario.
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La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, sostuvo que el Ejecutivo no se cierra al debate respecto a nuevas atribuciones para el Ministerio Público, en específico en materia de que cuente con la iniciativa para presentar acciones penales en la persecución de delitos tributarios, facultad que hoy radica exclusivamente en el Servicio de Impuestos Internos (SII).
El tema volvió al debate a raíz de lo dicho a DF por el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien profundizó en la solicitud hecha al Congreso para modificar la exclusividad del ejercicio de la acción penal en materia tributaria, afirmando que “no sería razonable que al perseguir a un Al Capone, pagara los impuestos al SII y vernos impedidos de llevarlo a la cárcel”.
Consultada sobre el tema en el marco de la vocería de los lunes en La Moneda, la ministra sostuvo que actualmente está en discusión “cómo mejorar los instrumentos de la persecución del crimen organizado de cuello y corbata”, lo que está radicado en el proyecto de Ley de Inteligencia Económica, que discute el Senado, donde “se ha expuesto incluso por el Ministerio Público aquella posición y, por lo tanto, ha sido parte y sigue siendo parte del debate”.
“A nivel institucional el SII tiene las herramientas y expertise en materia tributaria. Y, por lo tanto, si uno quisiera ampliar esa facultad, tendría que repensar toda la institucionalidad y capacidades del Ministerio Público”, dijo Vallejo.
Vallejo opinó que se trata de “debates legítimos”, en el entendido que la Fiscalía es un ente autónomo que ha planteado en varias oportunidades esta materia.
“Es un tema bien complejo, por eso no se ha logrado avanzar en otras legislaciones. Por eso, decimos que si hay espacio para seguir discutiendo eso, está en el Congreso en el marco de la Ley de Inteligencia Económica”, dijo.
De todas formas, Vallejo mostró su apertura a “todo lo que refuerce la coordinación entre el SII y el Ministerio Público para efectos de las querellas necesarias en casos que se abren a partir de los delitos tributarios”, donde indicó que a lo mejor lo grueso no está en el delito tributario, sino que en otros elementos de ilícitos económicos o incluso corrupción: “Son cosas que se pueden coordinar entre el SII y el Ministerio Público, pero podrían siempre mejorarse. Ese debate está expuesto en la Ley de Inteligencia Económica”.
Y, en esa misma línea, argumentó: “Lo que pasa es que a nivel institucional el SII tiene las herramientas y expertise en materia tributaria. Y, por lo tanto, si uno quisiera ampliar esa facultad, tendría que repensar toda la institucionalidad y capacidades del Ministerio Público. Por lo pronto, se puede generar y fortalecer las coordinaciones entre ambas instituciones -que ya las tienen- pero que podrían obviamente seguir discutiéndose para ver cómo mejorar”.
La portavoz del Ejecutivo puntualizó, eso sí, que dicha conversación no se debe generar respecto del proyecto de la ley de cumplimiento tributario, que forma parte del pacto fiscal del Gobierno, porque “nosotros entendemos que son elementos distintos. Separamos las aguas en ese ámbito, aunque nada de lo que considera el proyecto de cumplimiento tributario inhibe o impide el debate que ha planteado el Ministerio Público hace años”.
El proyecto en debate
Actualmente, la comisión de Seguridad Pública del Senado analiza la propuesta de inteligencia financiera para combatir el delito, que entre otros temas propone la creación de unidades de inteligencia dentro del Servicio Nacional de Aduanas (SNA) y el SII, y regular su coordinación con la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Para el cumplimiento de sus fines -y dentro del ámbito de sus competencias-, dichas áreas podrán levantar información y antecedentes al interior del respectivo servicio y además podrán requerir información a otros órganos públicos.